Parece que el
gobierno de Donald Trump
no quiere que los usuarios sospechosos de terrorismo puedan esconder
sus intenciones enviando mensajes de voz a través de aplicaciones como
WhatsApp, Facebook Messenger o iMessage. Es por ello que aprobará una ley que obligará a las empresas propietarias de estos servicios a mantener un
archivo de transcripciones de los mensajes de voz de cada usuario por si hubiera que acceder a ellos.
Parece que Donald Trump no afloja en su lucha por
controlar lo que se dice y se habla en territorio norteamericano. La
última de las iniciativas del presidente estadounidense tiene que ver
con los mensajes de WhatsApp y otras apps de chat, en concreto, con los
de voz. Y es que como ha reconocido el ejecutivo de la Casa Blanca,
diversos informes de los servicios de Inteligencia han detectado que los
“elementos sospechosos” que están vigilando han dejado de escribir mensajes en texto para
comunicarse mediante clips de voz en lugar de usar texto.
Un truco simple y analógico, pero parece que muy efectivo para burlar a las fuerzas de seguridad
La razón es muy simple, a la encriptación que se someten estas comunicaciones se suma la necesidad de
escuchar horas y horas de grabaciones, si es que se accede a la comunicación, para
detectar posibles mensajes que supongan una
amenaza para la Seguridad Nacional.
Es por ello que el Gobierno de EE.UU. quiere cortar por lo sano y
obligará a empresas como Facebook, Apple o Google, además de otras comos
Telegram o cualquiera que se utilice en terreno del país de las
“libertades” – aunque con esta ley sea un poco menos libre – a
instaurar un sistema de reconocimiento de voz que transcriba todos los mensajesde voz
que se envían los usuarios y los guarde al igual que se hace con los
texto. De esta forma, a la hora de intervenir una comunicación por orden
judicial, será mucho más rápido localizar términos y expresiones que
puedan dar pistas de los planes de los delincuentes en un menor tiempo.
Como de costumbre, matando moscas a cañonazos
Evidentemente, aunque la medida siempre se justifica en pos de la
Seguridad Nacional, tanto desde la comunidad de usuarios como desde las
propias empresas se han levantado en contra de la futura medida.
Representantes de la industria aseguran que supondrá
un coste que hará peligrar la sosteniblidad de los servicios gratuitos tal y como están concebidos ahora mismo, por lo que de ser aprobada habría dos salidas posibles: cerrarlos o hacerlos de pago.
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